El abogado constitucionalista Luis Iriarte, ex convencional (1990) y ex legislador por FR (1995-1996), presentó una nota ante el Tribunal de Cuentas para solicitar información relativa a los recursos asignados al Poder Legislativo. Si bien el órgano de control no satisfizo el pedido del letrado, le entregó en mano una contestación formal con una serie de explicaciones legales sobre el asunto. Pero le dejó claro que, pese a ser el órgano de control de las finanzas públicas, afrontaba “la imposibilidad de acceder” a los datos requeridos.

Iriarte, que en 2018 obtuvo una sentencia favorable de la Corte de la Provincia en sus cuestionamientos por distintos artículos de la Constitución provincial de 2006, había elevado una solicitud de informes al Tribunal de Cuentas para conocer si “entre las atribuciones y deberes” referidos al control externo y fiscalización del uso de los recursos públicos “se encuentra el análisis y consideración del Presupuesto que fija la Legislatura”, tanto para su propio funcionamiento como para el resto de la Administración Provincial. Iriarte peticionó que, en caso favorable, se le “remitan copias certificadas de dichos presupuestos”, con el objetivo de acceder a esos datos.

Luis Iriarte instó a Jaldo a modificar el reglamento legislativo

La respuesta oficial estuvo a cargo del vocal Marcelo Vidal, quien se encuentra a cargo de la Presidencia del TC por la feria estival. “Este órgano de contralor carece de facultades competenciales para el análisis y consideración del Presupuesto legislativo en lo que refiere a su elaboración, el cual resulta atribución exclusiva y excluyente de dicho cuerpo colegiado”, remarcó Vidal, consignando además la normativa indicada por Iriarte.

A continuación, el vocal a cargo de la Presidencia explicó la “actuación que le compete al Tribunal de Cuentas” respecto del empleo de fondos correspondientes al erario. “Esto es, en la ejecución presupuestaria, concretamente, en el orden provincial, en el que se encuentra incluida la Legislatura, se enmarca en la previsión constitucional del artículo 80, con sus cinco incisos. Resultando del caso destacar, en virtud de las mismas y de las prerrogativas legales que confiere la Ley de Financiera (...): el control preventivo sobre actos administrativos que importen compromiso hacendal (vía delegaciones fiscales destacadas, o bien ante el propio cuerpo), y el control concomitante y posterior de los diferentes procesos y modalidades de contralor, por ejemplo, auditorías; y el que (se) lleva a cabo en forma permanente en el Departamento de Rendición de Cuentas, de conformidad a nuestro reglamento”, redactó Vidal en el escrito.

En la conclusión, dejó en claro que Iriarte no iba a obtener por esa vía los datos de su interés. “Como corolario de lo precedentemente expuesto, deviene la imposibilidad de acceder a lo por usted indicado (en su nota)”, indicó Vidal.

La semana pasada, el constitucionalista había elevado al vicegobernador, Osvaldo Jaldo (se encuentra en ejercicio del Ejecutivo por la licencia del mandatario, Juan Manzur), un pedido para obtener datos relativos a las finanzas internas de la Legislatura. El presidente de la Cámara había señalado que no tenía “problemas” en dar curso al requerimiento del letrado. Por otra parte, Iriarte propuso que la Cámara provincial publique en su web, en línea con lo que hace el Congreso de la Nación, el listado de los empleados (bajo todos los tipos de relación laboral) con sus respectivas categorías.

Proyecto de ley

El legislador Federico Masso (Libres del Sur) elevó ayer un proyecto que propone la adhesión de la Provincia a la ley de Acceso a la Información Pública, un régimen que establece una serie de canales formales destinados a satisfacer el requerimiento de datos de oficiales por parte de la ciudadanía.

“Esta adhesión busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar porqué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto del universo de las instituciones que reciben fondos púbicos o brindan servicios públicos esenciales”, argumentó Masso.

Consideró además “importante” que la Provincia cuente “con una ley específica y respetuosa de los estándares internacionales en la materia, que regule el derecho de acceder a la información relativa a los tres poderes del Estado”. Y advirtió que, con esta herramienta, se pondría “límites” a la “discrecionalidad del Estado en el manejo de la información” pública.